América Latina signada por las confrontaciones entre las fuerzas progresistas y reaccionarias.

En el marco de la pandemia por el COVID-19, el mes de septiembre aún no terminó, y parece estar signado por muchas complejidades para la política en el escenario regional.

El permanente accionar de las fuerzas reaccionarias de Latinoamérica nos alertan sobre las claras intenciones de avanzar con sus objetivos, a costa de los derechos y las garantías del pueblo.

El Ejército paraguayo, el primer miércoles del mes, asesinó a dos niñas argentinas de 11 años, quienes fueron presentadas por el gobierno de Abdo Benítez y los principales medios de comunicación como “guerrilleras abatidas en un enfrentamiento cuyo resultado fue exitoso”. Con el correr de los días se conoció la verdad de lo sucedido y el infanticidio perpetrado por fuerzas del Estado generó la indignación y el repudio social.

El día 9 de septiembre se efectivizó la proscripción a Evo Morales, por parte del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia como candidato a senador para las elecciones del 18 de octubre próximo. El mismo día, la autoridad electoral ecuatoriana dejó en suspenso la postulación de Rafael Correa a la vicepresidencia del país.

Colombia vivió una ola de protestas durante dos días, tras la muerte de Javier Ordónez, quien fue electrocutado con una taser por agentes policiales. El Ministerio de Defensa de ese país, informó que el saldo fue de 10 muertos, 209 civiles heridos y 194 policías lesionados. Sin embargo, López Hernández, alcaldesa de Bogotá, informó que la muerte del ingeniero Ordoñez no se trató de un caso aislado, ya que recibieron más de 130 denuncias de abuso policial en lo que va del año.

En nuestro país, hubo una serie de sucesos que vale la pena detallar.

El hostigamiento, en la red social Twitter, a la vicepresidenta Cristina Fernández por parte de un influencer libertario. Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, denunció que él y su familia habían recibido más de 450 mensajes con amenazas de muerte, luego de que la oposición divulgara su número de teléfono.

Un hombre fue arrestado tras ser sospechoso de haber arrojado una bomba molotov que explotó contra uno de los paredones de la Quinta de Olivos. En ese mismo escenario, aconteció, lo que algunos analistas caracterizaron como, un intento de golpe de Estado.

Exigiendo una mejora salarial, la policía bonaerense rodeó la Quinta de Olivos; sin embargo, no es menor el detalle de que estaban armados dentro de los vehículos de la institución. Mientras la oposición se mantuvo sin omitir opiniones durante más de ocho horas, las fuerzas policiales replicaron los levantamientos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. El conflicto se resolvió con los siguientes anuncios: aumento del 19,6% para los policías, incremento en el suplemento por uniforme, un bono remunerativo por única vez y la triplicación del valor de las horas cores (extras).

Desde las vigentes maniobras de lawfare para inhabilitar políticamente a los líderes populares, la negación y el ocultamiento por parte del Estado de los delitos de lesa humanidad, y la efectivización de algunos pasos del denominado golpe blando contra los sectores progresistas de los países del continente, denotan el intento por continuar con el nuevo ciclo neoliberal en toda América Latina.

La descripción de los hechos muestra una correlación entre éstos, evidenciando un esquema del accionar conjunto de las fuerzas reaccionarias de la región, que responden a un único objetivo: limitar el Estado de derecho, como ocurrió en el pasado en las democracias latinoamericanas.

Con los medios de comunicación hegemónicos, abyectos en sus prácticas a los intereses reaccionarios, solapando informaciones como la baja del índice riesgo país en 1.104 unidades para la Argentina tras la reestructuración de su deuda; será labor de las organizaciones del pueblo defender los procesos democráticos de la región.