LA PANDEMIA DE LA VIOLENCIA

La pandemia impactó de manera negativa económica y socialmente en la vida de todes. Sin embargo, este tiempo también evidenció una de las peores y más cruentas verdades para las mujeres y las disidencias: el aumento de la violencia de género.

Nuestra provincia no es ajena a esta realidad. Aunque a muches de nuestres funcionaries pareciera no importarles demasiado.

El sábado 14 de agosto se cumplieron dos meses de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero. La familia convocó a una movilización en la capital puntana reclamando su aparición, en la que se hicieron presentes más de 250 personas. La marcha se replicó en Villa Mercedes, en la ciudad mendocina de San Martín, en Capital Federal, en Mendoza Capital, en Villa Huidobro y Córdoba Capital.

Como ya es costumbre en San Luis, sólo los medios alternativos realizaron la cobertura de la movilización por Guadalupe. Los medios de comunicación oficialistas, al igual que políticos y funcionaries, están abocades a los vaivenes electoralistas.

Los medios que optan por no poner en agenda los reclamos de justicia por los femicidios y por los casos de violencia acontecidos en nuestra provincia, son los mismos medios que no vacilan en acusar de violento al movimiento feminista cuando queman una goma o pintan una pared.

Las mujeres y disidencias elegimos no abandonar las calles, ni nuestras banderas de justicia, ni los reclamos exigiendo a les funcionaries gubernamentales políticas públicas con perspectiva de género.

No nos alcanza una Secretaría provincial de la Mujer, Diversidad e Igualdad que se publicite con la gestión menstrual, que apoye la inclusión laboral y deportiva, y que realice talleres de masculinidades o de acoso callejero, como si esto fuera suficiente para pagar las deudas con el movimiento feminista sanluiseño.

Además de esas medidas, las mujeres y disidencias necesitamos que el organismo que dirige la Sra. secretaria Mazzina actúe de forma URGENTE frente al doloroso escenario que estamos viviendo.

Lo pedimos por:

● Jéssica Luciana Castro Pérez, quien fue asesinada por su expareja y padre de sus hijes Hugo Miranda, en Potrerillo. Aunque los medios y el Poder Judicial se empeñen en caratularlo como ‘’Instigación al suicidio’’, identificamos a Miranda como el femicida de Jéssica, por las reiteradas denuncias que hizo la víctima (y otras mujeres) en su contra. En una de ellas, Jéssica lo denunció porque la había ahorcado y golpeado.

● Laura Godoy, de Tilisarao, víctima de femicidio cometido por su expareja Cristian Alaníz. Poco tiempo antes del femicidio, Laura denunció en reiteradas ocasiones a su agresor por violencia de género, obteniendo algunas medidas de protección, como la prohibición de acercamiento durante seis meses, rondas policiales en su domicilio y una activación del dispositivo de alerta temprana en su celular (comúnmente llamado botón antipánico). Pero nada de esto sirvió para prevenir el femicidio.

● Las dos mujeres (víctima y testigo) de Villa Mercedes que quisieron asentar una denuncia por violencia de género en la Comisaría 29 del barrio La Ribera. Pero cuatro efectivos decidieron no tomarles la denuncia y además, las agredieron física y verbalmente.

● Florencia Magalí Morales, joven mendocina, víctima de un femicidio institucional, que apareció “suicidada” en la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara durante el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A más de un año y cuatro meses del hecho, el ocultamiento y las omisiones sobre datos en los informes de las autopsias, los cinco policías imputados, el caso sigue sin esclarecimiento.

● Valeria Oviedo, mujer trans, apuñalada por Williams Andrés Arenas en un intento de transfemicidio, acontecido en el barrio San José de Villa Mercedes.

● Sofía María Vier, difundida en los medios por ser la primera pilota de caza de la Fuerza Aérea Argentina, padeció un acoso constante, discriminación y destrato por parte de varios militares de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds. La pilota Vier asentó su denuncia en la Comisaría 10ª de Villa Mercedes y al día de hoy la causa pasó a manos del Departamento de Género del Ministerio de Defensa de la Nación.

● Johana Galdeano, víctima de femicidio en manos de su expareja y padre de su hijo, el gremialista y exfuncionario oficialista Juan Carlos Solalinde. “Tuvimos que pelear un montón para que la jueza del caso reconociera el femicidio, aun cuando había un cadáver con cinco disparos efectuados con un arma de guerra. En algún momento hasta deslizó que la culpa era de la víctima. El amiguismo y la complicidad que tiene el Poder Judicial con el asesino es muy evidente” declaró la abogada querellante. Coincidimos.

● Ivanna Massimino, quien denunció por violencia de género al senador provincial justicialista Ariel Rosendo, defendido por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y todo el arco político provincial.

● Karina Pereyra denunció que vivió durante cuatro años violencia de género por parte Guillermo Carmona, actual presidente oficialista del Concejo Deliberante de Juana Koslay. El edil realizó una contradenuncia, y el Poder Judicial prefirió escuchar al varón antes que a la mujer violentada, resolviéndose la quita de la tenencia de la hija a la madre, víctima de la violencia.

● Carolina Sosa, quien denunció por violencia de género a Enrique Cabrera, exsecretario de Transporte y dirigente político oficialista. Cabrera fue sobreseído por el juez Contravencional y Correccional 1 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, por considerar que, con el tiempo transcurrido desde que empezó la investigación (dos años) la causa en contra del exfuncionario había prescripto. En otras palabras, fue sobreseído porque el plazo que tenía la Justicia para investigarlo se cumplió. Un desastre de la Justicia.

● Marilyn Cejas, asesinada por Roberto Celi, su expareja y policía, hace nueve años. Si bien la causa fue archivada como suicidio, recién este año llamaron a indagatoria a Roberto Celi, dueño del arma homicida al momento de ocurrir el hecho, el 12 de julio de 2012.

Estamos hartes de tanta violencia, de los abusos policiales, de los femicidios y asesinatos a jóvenes. Causas ocultas bajo la alfombra judicial, con el aval político del régimen feudal provincial y los medios de comunicación abyectos y cómplices de la casta provincial dirigente.

Como movimiento feminista seguiremos denunciando cada caso, reclamando justicia y exigiendo a les funcionaries que cumplan realmente con sus funciones. La idoneidad del cargo se refleja en las acciones y las definiciones institucionales.

Anhelamos una Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad activa y comprometida con las luchas de las mujeres y disidencias. Anhelamos un gobierno provincial que preste más atención a la vida de sus ciudadanes que al contexto signado por la actual campaña política. Anhelamos gobernantes y funcionaries que den la cara, que brinden declaraciones, que estén a la altura del Pueblo que los votó.

Es momento de hacer foco en lo realmente prioritario. Ni siquiera los condicionamientos impuestos por la pandemia imposibilitaron al movimiento feminista poner les cuerpes en las calles.

¡Sepan que seguiremos luchando!

Pía Azurduy