Editorial LA DIGNIDAD NO SE COMPRA

Las próximas elecciones generales son de crucial relevancia. El resultado de dichos comicios fijará los nombres de quienes suplirán, en la Cámara baja, las bancas parlamentarias de Karim Augusto Alume Sbodio, José Luis Riccardo y Victoria Rosso.

En la provincia de San Luis, la votación por los escaños, desató una batalla política que supera los límites democráticos habituales.

Tras la derrota en las PASO, la fuerza oficialista que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saá, puso en marcha una batería de beneficios y ayudas económicas, mediante el Decreto 5959/2021 que le permitió ampliar determinadas partidas presupuestarias, para revertir los resultados que favorecieron en las primarias a la fuerza política liderada por Claudio Poggi.

No es la primera vez que el oficialismo provincial realiza esta táctica electoralista, recordemos que les funcionó en las elecciones legislativas de 2017, donde lograron “dar vuelta” los resultados de las primarias, por más de 17 puntos de diferencia.

Desde el gobierno provincial informaron que los nuevos beneficios sociales, anunciados por el gobernador Rodríguez Saá, buscan la reactivación económica, apuntando “a mejorar la economía de todos los sectores sociales e impulsar el flujo monetario”.

La batería de medidas fue:

Asistencia al Desempleado, que se trata de una ayuda de $20.000 mensuales a un solo integrante por familia, durante tres meses, que no tenga vínculo de trabajo formal.

Crédito Reparación, destinado a quienes ejercen una actividad económica en la provincia, que estén inscriptas en la DPIP; con un monto máximo de $2 millones, con una tasa del 20%, 6 meses de gracias y con un plazo de devolución de 24 meses.

Créditos para la Administración Pública, el Plan de Inclusión y las becas 22AG, con un monto equivalente a dos salarios netos, con 3 meses de gracia y con un plazo de devolución de 12 cuotas sin interés.

Ayuda Extraordinaria, para los empleados del sector privado, que eleva el salario de los trabajadores a $70.000, durante 6 meses.

Además de esta serie de medidas, el gobernador habilitó inscripciones a microcréditos (de hasta $50.000), créditos blandos para proyectos productivos, exenciones impositivas y el Programa Empezar. También aumentó la categoría F de los empleados públicos y adelantó el 10% en los salarios dependientes del gobierno provincial.

Pero al oficialismo no le fue tan fácil aplicar la exitosa receta de las legislativas del 2017. La oposición, investidos en el Comité Electoral de Juntos por el Cambio, realizó una presentación ante la Justicia, solicitando que se disponga una medida cautelar con carácter de urgencia, para que no pueda concretarse “la utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”.

Con un fallo favorable a este pedido, el fiscal Cristian Rachid dejó en suspenso parcial la serie de medidas antes mencionadas. Las cuales podrán ser implementadas luego de las elecciones generales del 14 de noviembre.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, presentó una doble apelación solicitando la nulidad de las suspensiones sobre “los beneficios y ayudas económicas”. Frente a ello, el juez federal Juan Esteban Maqueda definió enviar el fallo a la Cámara Nacional Electoral para su resolución: ratificar el fallo o no.

A pesar de las opiniones, contrarréplicas, presentaciones judiciales, y la pretensión oficialista de lograr, con una batería de medidas, “la reconstrucción social y económica de la provincia, aquejada por la pandemia”, lo cierto es que ello no es posible.

Aunque las acciones diseñadas para la “reactivación económica y social” contaron con el apoyo de gran parte del sector gremial, la realidad provincial y las estadísticas oficiales denotan que los beneficios y las ayudas económicas no alcanzan. No cambian estructuralmente la situación, solo lo aparente y útil al contexto comicial.

La ciudadanía puede optar por aceptar la ayuda económica. Aun cuando no se dieron a conocer los números de inscriptos a cada uno de los beneficios, las largas filas en las calles aledañas a la Caja Social de la Provincia durante dos días continuos fueron notorias. Debido a ello, el gobierno instaló más de 120 puestos de inscripción, según informó el diario provincial.

Los electores se expresaron en las PASO, al peronismo puntano le será complejo revertir esa tendencia.

¿De qué sirve incrementar “un poco” los salarios de algunas personas o percibir un ingreso durante tres o seis meses, mientras más del 44% de la población del Gran San Luis está en situación de pobreza? ¿Cómo revierte, este plan de reactivación económica y social, la situación de indigencia de casi el 5% de la población que no puede alimentarse porque su ingreso de dinero no cubre la Canasta Básica Alimentaria? ¿Y después, cuando pasen las elecciones generales?

No hay una real aspiración de reactivación económica y social de San Luis, sino de tácticas que colaboren a la permanencia de quienes detentan el poder político, aunque ello implique una compra masiva de votos.

Es hora de que el déspota gobierno provincial lea entre líneas los resultados de las primarias de septiembre: la ciudadanía tiene dignidad, y ésta no se negocia.