ASESINATOS EN SAN LUIS BAJO LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO

Alejandro “Bebo” Ochoa, era peón de albañil y pequeño productor rural. El sábado 27 del mes pasado fue raptado por dos hombres encapuchados y armados, según denunció un conocido que estaba con él cuando ocurrió el hecho, asegurando que pudo escapar para dar aviso.

Al día siguiente, vecinos y vecinas de Cortaderas se autoconvocaron para cortar la Ruta provincial Nº 1, como forma de protesta, exigiendo la aparición con vida de Ochoa. Participaron de la búsqueda más de 140 efectivos de la Policía y personal de Bomberos.

Mientras la jueza Patricia Besso solicitó al Cuerpo Forense del Poder Judicial que realice un perfil psicológico de Ochoa, con la finalidad de obtener información útil para la causa; se planificó la reconstrucción del hecho, basada en las declaraciones de los principales testigos.

El 2 de abril la Policía encontró un cadáver en el paraje El Adobe, a la altura del 17 Km de la Ruta provincial Nº 1, zona que había sido rastrillada, días anteriores, sin éxito.

La autopsia confirmó que era el cuerpo de Bebo Ochoa, el deceso había ocurrido el mismo día que lo secuestraron y la causa de muerte era asfixia y una hemorragia (shock hipovolémico) por un corte en la garganta.

Según Leloutre, el fiscal de la causa, tienen diversas hipótesis, pero ninguna carga con mayor fuerza que otra. Las pocas certezas que rondan sobre el caso afirman la saña y brutalidad con la que cometieron el asesinato: un trabajador rural degollado, a quien le mutilaron los genitales.

Como mencionamos antes, el cuerpo de Alejandro Ochoa fue hallado casi una semana después de su rapto, en una zona rastrillada previamente. Ello rememora lo ocurrido con Gustavo Gabriel “Prity” González (19 años) de El Trapiche en diciembre del año pasado, que tras seis días de desaparición, personal de la comisaría de El Durazno, encontró su cuerpo en cercanías del arroyo Las Barranquitas.

El 1º de diciembre, Prity estaba en una juntada con amigos, uno de ellos le prestó una moto, en la cual salió y desde ese momento nadie más supo de él.

Según información oficial, la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, que habría provocado la caída mientras conducía la moto. Sin embargo, como reclaman sus amigos hay incongruencias con los pocos datos brindados. Si Prity González estuvo seis días desaparecido, ¿cómo es factible que la supuesta caída al arroyo provocada por un infarto se corresponda con la muerte, si el deceso -según la autopsia- data de 72 horas anteriores al hallazgo del cuerpo?

Otro dato que “no cierra” es que al momento de hallar el cuerpo, no encontraron la moto en la que circulaba el joven. La misma fue localizada con posterioridad, encendida y a 4 kilómetros de donde estaba el cuerpo de Prity ¿Es posible que una moto esté “en contacto” durante toda una semana?

La autopsia informó que el cuerpo no presentaba traumatismos, fracturas ni heridas de armas, según declaraciones del juez. Excepto, los golpes en la zona de la cadera y en la mandíbula, que “coinciden en cuanto a su dinámica con posibles golpes efectuados por una caída” en palabras del magistrado, asegurando que se trató de una muerte por causas naturales.

El 8 de diciembre, amigos y familiares de Gustavo González convocaron a una movilización. Los/as vecinos/as de El Trapiche se hicieron presentes. Aproximadamente unas 140 personas pidieron “Justicia por Prity”. La movilización no contó con la cobertura de El Diario La República, ni de las radios de más alcance. Solo tres medios informativos digitales alternativos se acercaron al lugar a testimoniar lo que allí se reclamaba.

En una provincia donde impera el abuso policial, y donde los jóvenes están en la mira permanentemente, es muy compleja la credibilidad sobre las versiones oficiales de los hechos.

Los tiempos y circunstancias dudosas, nos trae una reminiscencia al caso de Santiago Maldonado, que estuvo 78 días desaparecido, su cuerpo fue hallado en el mismo lugar donde había sido visto por última vez, a pesar de que las entonces autoridades nacionales habían negado su presencia allí. Un caso lleno de contradicciones, de mecanismos estatales de justificación y de encubrimiento hacia las fuerzas responsables del crimen que aún sigue impune. Sabemos que San Luis no es ajeno a este tipo de situaciones.

A esto se suma la muerte del adolescente Franco Maranguello, quien apareció “ahorcado” en una minúscula celda sin luz en Villa Mercedes, tras haber sido detenido “por estar en actitud sospechosa” durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Aunque todos estos hechos son diferentes, presentan sus particularidades y contextos distintos. Tienen algunos factores comunes: la práctica de abuso policial, y el ocultamiento por parte del aparato político y mediático.

En esta breve reflexión repudiamos el accionar abusivo de las fuerzas policiales, el silencio de las autoridades provinciales y el mutismo de todo el arco político y del aparato mediático. Mientras tanto, los/as ciudadanos/as de San Luis anhelamos y exigimos que se haga justicia para los puntanos asesinados Franco, Prity y Bebo.