CAMBIOS EN LAS MEDIDAS EN CONFORMIDAD AL AÑO ELECTORAL

A mediados de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró el brote de coronavirus como una pandemia, luego de que se extendiera la enfermedad, aparecida en 2019 en Wuhan (China), en más de doscientos países, infectando a millones de personas en todo el mundo.

Acorde a las recomendaciones del organismo internacional, el gobierno argentino estableció, mediante el Decreto 297/2020, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), denominación de la cuarentena, para todo el territorio nacional.

En la provincia de San Luis, puntualmente, las disposiciones tomaron un carácter restrictivo. Algunas de estas fueron: suspensión de clases presenciales en todas las escuelas; prohibición del ingreso a la provincia de personas extranjeras no residentes; se inhabilitaron los puestos fronterizos interprovinciales; suspensión de eventos culturales; suspensión de todas las actividades deportivas; suspensión del servicio de transporte aéreo y de pasajeros de larga distancia; adquisición de productos y de servicios esenciales acorde al esquema de DNI terminación par o impar; ingreso y egreso a la provincia con estrictos requisitos (como por ejemplo: los transportistas podían ingresar a la provincia tras PCR negativo que pagaban ellos mismos).

Pero existieron otras medidas que el gobierno provincial ordenó pero no bajo normativas, como ocurrió con los polémicos montículos de tierra que se colocaron en las zonas fronterizas para imposibilitar el ingreso a las localidades del interior provincial. Vale recordar que ello afectó considerablemente la fuente de trabajo de los productores, quienes nos podían ingresar a sus campos y muchos de ellos, perdieron animales al no poder garantizarles alimento y agua diariamente. Debido a esta situación, en esos días, realizaron un corte de ruta que duró más de cinco días.

Pero no fue la única movilización en contra de las políticas adoptadas por el gobierno de Rodríguez Saá en pandemia. Muchos trabajadores del sector comercial, quienes tuvieron que cerrar sus locales, realizaron una caravana desde el centro de la ciudad capital hasta Terrazas del Portezuelo, la cual contó con más de 150 autos.

Las disposiciones provinciales no sólo afectaron gravemente el sector económico-productivo de San Luis, sino que arremetieron contra las libertades cívicas de la sociedad sanluiseña.

Entre el 20 de marzo y el 1º de junio del año pasado fueron detenidas 6.975 personas por no cumplir con el aislamiento, según los reportes diarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá. Cabe resaltar, que durante esos meses, la provincia contaba con 11 casos positivos para Covid-19 y no se reportaba ningún fallecimiento por el virus.

Durante este año, comenzaron los aumentos de casos positivos y de fallecimientos por coronavirus, hasta llegar, a finales de abril, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, a ser la segunda provincia con más casos cada 100.000 habitantes: 1.116 casos positivos, detrás de CABA con 1.118 casos cada 100.000 habitantes. Otro dato estadístico significativo es que a mediados de junio se superaron las 900 defunciones en el territorio provincial.

A pesar de la progresiva gravedad de la situación y del colapso en el sistema sanitario en San Luis, las medidas gubernamentales que se tomaron significaron la flexibilización y una mayor circulación de la ciudadanía. Pero algunas de estas disposiciones fueron contradictorias e incoherentes, mientras se habilitaron bares y casinos, al mismo tiempo se restringió el acceso a gimnasios y parques para poder realizar actividad física.

La incongruencia de las definiciones como la recién nombrada, generaron descontento en gran parte de la sociedad, específicamente en los sectores comerciales, deportivo y artístico, quienes nuevamente vieron afectada su actividad laboral, y por ende, sus ingresos económicos.

Mediante los spots oficiales el gobierno provincial se desliga de la responsabilidad y el cuidado ciudadano en el contexto pandémico, colocando como eje el individualismo a la hora de protegernos del virus.

Pero ello no es casual, que el foco gubernamental esté puesto en otro lado. El 2021 es un año electoral.

El Ministerio de Justicia, Culto y Gobierno, a cargo de Fabián Filomena Baigorria, informó que el gobernador Rodríguez Saá, firmó el Decreto 2838/2021el cual establece una modificación en la fecha de llamado a elecciones, y fija la nueva fecha, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, en donde las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas tendrán lugar el 12 de septiembre, mientras que las Elecciones Generales, se realizarán el 14 de noviembre.

Hay una aparente interrelación entre las nuevas medidas adoptadas -a pesar de la gravedad y desborde sanitario- y el llamado a elecciones.

El gobernador y su círculo no están dispuestos a ceder ni un centímetro de poder, aún a costa de perjudicar a la clase trabajadora o de los fallecimientos que ocurran por Covid-19.

Por ello nos preguntamos, ¿las últimas disposiciones del gobierno provincial en torno al coronavirus son acorde al status sanitario actual y de la salud de toda la comunidad sanluiseña? ¿O son en función de la campaña electoral de quienes pretenden perpetuarse y enquistarse en el poder?