COLAPSO EN EL SISTEMA SANITARIO SANLUISEÑO

La segunda ola de coronavirus acrecentó los números de contagios y de víctimas en todo el país, y nuestra provincia no es la excepción.

En mayo, la cantidad diaria de casos osciló entre los 350 y 760; y también es el tercer mes con más defunciones de pacientes con COVID-19.

El gobierno provincial abandonó las emisiones diarias de reportes, como lo hicieron durante el año pasado. De hecho, la suspensión de las clases presenciales, considerada la noticia más relevante de los últimos días, el gobernador Rodríguez Saá la comunicó a un medio radial nacional, no lo realizó en presencia de medios locales.

Según las proyecciones estimadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la población de la provincia de San Luis para el año 2020 sería de 508.328 habitantes. Con este dato, podemos calcular y deducir que el 10,3% de la población sanluiseña tiene o ha tenido COVID-19. Sin embargo, esta cifra solo atañe a los casos positivos que han sido detectados y contabilizados oficialmente, por lo que el porcentaje aumentaría al incluir los denominados asintomáticos.

Mientras distintos sectores de trabajadores que realizan sus actividades en forma presencial, sin ser considerados “esenciales”, reclaman el acceso a las vacunas, los casos no cesan, sino que por el contrario, aumentan. La ocupación de camas de las terapias intensivas presentan los números más elevados desde el comienzo de la pandemia.

Otra particularidad alarmante de esta segunda ola es la disminución en la edad promedio de internados. A comienzos de mes, José Núñez, director del Hospital San Luis expresaba que el 75% de los pacientes de cuidados intensivos e intermedios son menores de 50 años. Aunque el gobierno provincial atribuya como razón las reuniones sociales o viajes fuera de la provincial, lo cierto es que la franja etaria joven no ha sido vacunada.

Las autoridades sanitarias de la provincia reiteran cada día que la capacidad de internación roza su límite máximo debido a la cantidad de casos de coronavirus. La semana pasada, Ana Lía Trifiró, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), declaró: “Cuando nosotros decimos ‘falta de camas’, no solo hablamos de la cama física, sino que hablamos del recurso humano, porque la cama no se maneja sola. Si tuviésemos que seguir las reglas de la OMS, cada 2 camas tiene que haber 1 médico terapista y 4 enfermeros. Nosotros en San Luis tenemos en la terapia respiratoria 2 médicos para 18 camas y 3 enfermeros por turno. En la terapia no respiratoria, que son 13 camas, tenemos un médico de guardia y 2 enfermeros”, luego agregó, “nos enteramos que van a abrir 70 camas en el Ramón Carrillo y nuestra pregunta es quién las va a atender”.

Las defunciones acontecidas en la primera quincena de mayo representan un 50% más que las del mes anterior. A este ritmo, este mes se proyecta como el más crítico y fatídico.

Hace dos días, el Círculo Médico de San Luis comunicó el fallecimiento del décimo profesional de la salud a causa del virus. En tanto, desde hace tiempo, los profesionales del sector privado reclaman ser vacunados, y aseguran que más del 50% de ellos no ha recibido la primera dosis.

Los hechos han demostrado que no basta con invertir 8.910.126.122 de pesos en la construcción del recientemente inaugurado Hospital Central Ramón Carrillo, cuando no está resuelto algo tan apremiante como es la falta de recursos humanos del sector sanitario y la valoración del personal que le pone el cuerpo todos los días al contexto pandémico que nos atraviesa.

La información detallada sobre cifras y estadísticas denota la gravedad de la situación. Con el advenimiento del momento más difícil de esta segunda ola por coronavirus que nos atraviesa, es menester que las autoridades provinciales y el Comité de crisis a cargo tomen definiciones políticas en pos de salvaguardar la salud de toda la población, que actúen como los verdaderos responsables políticos que son, y dejen de colocar velos sobre los tópicos complejos vinculados al sector sanitario.

Informar a la sociedad sobre lo que verdaderamente ocurre, y tomar decisiones al respecto, es parte de gestionar bajo el tan anhelado principio de transparencia gubernamental; es decir, hacerse cargo del voto popular que los llevó a ser funcionarios, y dejar de culpar a las/os ciudadanas/os del aumento de casos de coronavirus.