COVID-19 en San Luis: ¿Campaña sanitaria o campaña electoral?

Desde diciembre de 2019, el mundo vive una de las crisis sanitarias más graves de los últimos 100 años, producto de la pandemia por covid-19.

El gobierno nacional en acuerdo con los gobernadores, tomaron la decisión de retrasar la circulación comunitaria del coronavirus en nuestro territorio, con el objetivo de: ganar tiempo para reforzar el alicaído sistema de salud argentino, tanto del sector público como el privado, aumentar las cantidad de camas UTI, y en síntesis preparar al sistema para evitar colapsos sanitarios y minimizar las muertes por el virus.

Es así que el 20 de marzo se comienza con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), medida que fue modificándose según como fue avanzando el proceso de circulación y contagios del virus.

Se trató de una situación coyuntural única e histórica para la población de nuestro país; nunca antes se vivió un aislamiento tan estricto y por tanto tiempo. Las restricciones impuestas significaron para la economía nacional, una caída histórica, que sumada a la recesión ya estructural de 2018 y 2019, significó una retracción del PBI 2020 de 9,9%. Los sectores más perjudicados fueron Hoteles y restaurantes (-49,2%), otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-38,9%) por su magnitud, y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-17,0%) e Industria manufacturera (-7,7%) por su incidencia en el total.

En ese marco, el ejecutivo nacional accionó con una serie de medidas de asistencia a ciertos sectores, para evitar una caída aún mayor de los niveles de actividad, y aliviar los niveles de pobreza e indigencia: IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), por $88.390 millones, un 0,2% del PBI; créditos a tasa cero para autónomos, $41.482 millones, un 0,08% del PBI; las ATP (Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción) y los refuerzosde presupuesto con los REpro, por más de $100 mil millones en todo el periodo de la pandemia, un 0,54% del PBI, alcanzando al 37% de los asalariados del sector privado; y finalmente Fondos para asistencia por la emergencia sanitaria a las provincias por $400 mil millones, un 1,5% del PBI. Alrededor de 2,4% del PBI. Luego se hicieron refuerzos presupuestarios con lo que el monto destinado alcanzó los 2,6 puntos del PBI.

San Luis, no fue la excepción a tal situación. El ASPO se aplicó en 2020 a rajatablas, relajando las restricciones recién en el verano 2020/2021. El gobierno provincial fue modificando los niveles restrictivos en función de las asistencias financieras nacionales, más que según los índices de contagiosidad locales. La provincia estuvo virtualmente aislada durante los primeros meses de pandemia. Se sucedieron protestas del campo, reclamando libertades para circular, caravanas de comerciantes, restauranteros y hoteleros solicitando flexibilizar las restricciones, taxistas afectados por la baja abrupta de pasajeros y manifestaciones de varios sectores, todas en el mismo sentido: flexibilizar las medidas bajo protocolos específicos y asistencia del gobierno provincial para aquellos más afectados. Es así que luego de 6 meses de mantener el estatus sanitario sin contagios, apareció el primer caso positivo en Tilisarao, misteriosamente cuando el Estado Nacional dejaba de pagar el IFE a las provincias sin casos positivos. El quesero de Tilisarao finalmente fue un falso positivo.

Por la cantidad y variedad de reclamos, quedó muy en claro que sólo con la asistencia nacional no alcanzaba para evitar la crisis y el aumento de la pobreza en San Luis; basta con analizar algunos números: El IFE en San Luis alcanzó a 107.000 personas, un 51% de la población económicamente activa, los ATP beneficiaron a un 9,1% de los asalariados del sector privado, y 2.396 autónomos solicitaron créditos a tasa cero durante el ASPO, para una provincia que, según la Jefa de Gabinete Zabala Chacur, tuvo un pico de desempleo del 4,9% en 2020. Además, la provincia recibió asistencia financiera para mejorar y poner a punto el sistema sanitario por $641 millones en 2020; nación y provincia llegaron a un acuerdo por el conflicto de la coparticipación por $26 mil millones, y nuestra provincia fue una de las pocas que recibió un 7% más de transferencias nacionales discrecionales de aportes del tesoro nacional (ATN).

Sin embargo, la asistencia nacional no fue suficiente y los reclamos persistieron. La Cámara de Comercio de San Luis junto con la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron que sólo en 2020, cerraron definitivamente más de 100 comercios entre las cuatro avenidas de la ciudad de San Luis, y solicitaron asistencia para los comercios y PyMEs afectadas; la cámara de hoteleros y restauranteros de San Luis pidió también al gobierno provincial medidas tendientes a auxiliar a su sector.

En 2020 no hubo respuestas del gobierno provincial a los reclamos de comerciantes, empresarios y de trabajadores. Algunos ejecutivos municipales otorgaron excepciones fiscales a los comercios y PyMEs de sus jurisdicciones; La Punta y Juana Koslay accionaron en tal sentido. El municipio capitalino no sólo se hizo el distraído con los reclamos sino que también otorgó beneficios fiscales a Energías San Luis SAPEM, en la ejecución de una obra que paga el propio estado municipal.

Recién, a un mes y medio de las próximas elecciones legislativas, el ejecutivo se acordó de que debe gestionar la peor crisis desde la debacle de 1930, y realizó anuncios y diagnósticos sobre la pobreza en nuestra provincia, que según la Jefa de Gabinete es sumamente grave; más de 67.000 niños asisten a merenderos; 45.000 personas reciben planes sociales, que la funcionaria considera trabajo formal, si consideramos el índice de desocupación de 3,5% que publicita su gobierno.

Los anuncios realizados por Zabala Chacur durante el informe de gestión en Cámara de Diputados, contemplan créditos de hasta $1 millón y excepciones impositivas a través del ‘’Programa de Reactivación Productiva Provincial”, el lanzamiento del programa ‘’Empezar’’, el subsidio a la tarifa eléctrica para comercios y un plan de obra pública para los municipios.

El reconocimiento de la pobreza, la crisis estructural del empleo, y la destrucción del entramado productivo y social de nuestra provincia, terminaron de consolidarse por efectos de la pandemia. Ni los años del macrismo, ni el covid-19 provocaron la situación que hoy vive San Luis; sí consolidaron una política. Los anuncios de medidas económicas y sociales eran necesarios, pero ex temporáneos y oportunistas en virtud de las próximas elecciones. Los comercios y PyMes, necesitaron asistencia antes de fundirse, los pobres e indigentes no pueden esperar un año electoral para volver a comer. Tal vez es hora de hacerle sentir el rigor de la democracia con el voto a este gobierno.