EL DESAFÍO DE REGULAR EL COMERCIO EXTERIOR PARA CRECER

La gestión de Juntos por el Cambio tuvo como pilares la desregulación y la eliminación de controles a los diferentes mercados. El otorgamiento de “mayores libertades al capital”, bajo el argumento ortodoxo de que el mercado se auto-regula y que, producto de esa libertad, resulta un equilibrio beneficioso para todos los integrantes del entramado social, derramando la riqueza, manteniendo precios estables y generando trabajo.

Sabemos que nada de ello sucedió. Tras la implementación de las políticas librecambistas, los argentinos y las argentinas vieron la contracción de sus salarios en términos reales; mientras las ganancias de ciertos capitales crecieron exponencialmente, como sucedió con fondos especulativos financieros, bancos, energéticas, exportadoras de productos primarios, etc.

Durante ese período, la electricidad subió un 3.600%, el gas natural trepó un 2.400%, el agua de red aumento en promedio un 1.025%. Dichos aumentos se tradujeron en un casi 20% del salario de un trabajador a comienzos de 2019, mientras que, a fines de 2015, ese porcentaje era de 6,5.

El sinceramiento económico, como se denominó oficialmente, significaron que la inflación acumulada en esos cuatro años fuera de 160,80%; 24.500 PyMEs bajaron sus persianas; el PBI total, que en 2015 fue de U$s 458.902 millones, bajó a U$s 440.769 (U$s 18.133 millones menos).

Otra reforma promercado fue la eliminación de los precios de referencia de exportación. En diciembre de 2015 existían cerca 1100 productos con precios referenciales, durante el gobierno macrista se dieron de baja algunos bienes de la lista, y finalmente, el 23 de noviembre de 2017 se derogó la normativa que permitía utilizar dicha herramienta.

¿Qué es un precio de referencia o referencial de exportación? Se trata del promedio de precios de una mercadería; es un valor establecido por parte de la autoridad gubernamental a un producto con el objeto de aplicar un arancel, o para liquidar, en el caso de Argentina, las divisas que ingresan al fisco nacional producto de venta de bienes y servicios al exterior.

Consiste en una herramienta cuyo fin es evitar que los grupos exportadores subfacturen ventas al exterior para pagar menos aranceles e impuestos. A la hora de la liquidación de las divisas significan menos dólares para el Estado.

En la Argentina seis grupos concentran la venta de granos al exterior. Las maniobras de subfacturación incentivaron mayores exportaciones bajo esta modalidad, sobre todo con el rubro alimentos. Ello provocó la escasez de bienes alimenticios y el consiguiente aumento de precios en nuestro país.

La inflación de 2016 fue de 34,59% (IPC nacional) mientras el incremento de precios de alimentos y bebidas fue del 30,1%; en 2017 el IPC nacional fue de 24,8% y el incremento de precios de alimentos llegó al 21,6%. En 2018, con los precios referenciales derogados, el IPC nacional fue 47,6%, y el crecimiento de los precios de alimentos fue 51,2%; en 2019 el IPC llegó a 53,8% y los alimentos treparon un 56,8%.

La carne argentina ejemplifica la flexibilización de un mercado. Se suprimieron los precios de referencia para cortes de carne vacuna y se eliminaron las retenciones a la exportación, ello se tradujo en niveles históricos para la exportación del bife argentino. Sin embargo, a fines de 2019 el consumo de carne per cápita cayó a 51 kilos; y a comienzos del 2020 a 49 kilos por persona; ambos son los niveles más bajos de la década. A modo comparativo, a inicios de 2008, el consumo era de 68,9 kilos per cápita.

Desde 2018 se produjo una explosión de exportaciones, principalmente a China: 550.000 toneladas ese año; y 800.000 toneladas al año siguiente, que representa un 45% más. El gigante asiático, a muy buenos precios, es nuestro gran comprador. Los exportadores subfacturan para pagar menos impuestos y liquidar menos divisas, mientras los precios internos se van por las nubes. Entre julio de 2019 y febrero de 2021 el precio de la carne subió un 126%.

En un contexto de caída económica, agudizado por la crisis sanitaria que nos atraviesa, la baja en la recaudación, la falta de divisas y un aumento generalizado de los índices inflacionarios, la actual gestión de Fernández concretó algunas (pocas) modificaciones y re-introdujo algunos precios de referencia para el comercio exterior.

La Dirección General de Aduanas, dependiente de la AFIP, establece que aquellos que quieran exportar carne a China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, deberán declarar valores mínimos que dan de USD FOB 1,4 a 4,4 por kilo, según el producto. También estableció valores de referencias para las exportaciones de arándanos, leche en polvo, pasas de uva, papa y corvina.

Controlar algunos aspectos del sector agroalimenticio permitirá estabilizar algunas variables que inciden directamente en la ciudadanía, como es el caso de los precios internos en relación a la inflación.

Si la actual gestión gubernamental pretende ordenar la economía, controlar los precios, evitar los fraudes fiscales al Estado, llevando la economía por la senda del crecimiento sostenido, como versa en sus discursos, debe ser consciente que unas pocas regulaciones no sirven para cumplir dichos objetivos. Deberá producir cambios de carácter estructural para con el comercio exterior, tales como: establecer referencias de precios; registro y vigilancia de exportadores; control y explotación de puertos e hidrovías; etc.

Un cambio que signifique dejar de ser un mero espectador de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de cómo los exportadores manejan a discreción la totalidad del comercio exterior de nuestro país.

Poner sobre el tapete la discusión sobre los precios referenciales y su implementación es comenzar a debatir la real soberanía económica de la Argentina sobre sus bastas riquezas naturales y productivas.