El Feudalismo Puntano

Se denomina despotismo a la autoridad que alguien ejerce de manera absoluta y arbitraria, sin limitación alguna por parte de las leyes o de otros poderes.

Constituye un abuso de poder o de fuerza en el trato hacia otras personas.

En su práctica, el poder está por encima de la razón, lo que significa que la voluntad del gobernante está por encima de la ley.

San Luis ha desarrollado un visible despotismo desde el regreso de la democracia, a lo que se añade una marcada tendencia nepótica, donde los parentescos y padrinazgos valen más que la idoneidad y las competencias.

En nuestra provincia se han naturalizado estos ejercicios poco democráticos. Desde las numerosas intervenciones a intendencias, entre la que se incluye la doble intendencia de la ciudad de San Luis hasta el régimen de “dedocracia” con el que se eligen los ministros en el Tribunal Supremo de Justicia, como si se trataran de funcionarios dependientes del ejecutivo.

Tras la asunción de Miguel Berardo como secretario General de la Gobernación y de Alberto José Rodríguez Saá (h) como titular del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, se pone de manifiesto cómo el sistema de gobierno provincial, con sus tres poderes, es conducido unilateralmente.

El halo de nepotismo y favoritismos está cada vez más acentuado.

El año pasado, Andrea Carolina Monte Riso, esposa de Miguel Berardo, asumió como ministra del Supremo Tribunal de Justicia.

La familia de Berardo está fuertemente vinculada al poder. El hermano de Miguel Berardo, Federico, es el actual ministro de Desarrollo Social; mientras que su suegra, Mirtha Mobellán, fue ministra y asesora.

Cecilia Chada fue nombrada, también el año pasado, como ministra del Supremo Tribunal de Justicia. Quien es conocida por haber desempeñado diversas funciones en el Gabinete del primer mandato de Alberto Rodríguez Saá. Fue viceministra de Legalidad y Relaciones Institucionales y asesora de la secretaría General de la Gobernación. Luego pasó a cumplir funciones en jurisdicción de la Fiscalía de Estado.

Recordemos que un día después de que el Senado provincial acordara la designación de las dos nuevas ministras Chada y Monte Riso, presentaron la renuncia a sus cargos en la Corte provincial Martha Raquel Corvalán y Carlos Alberto Cobo. Quienes, según el oficialista Diario de la República, pusieron sus renuncias a disposición del gobernador, imitando el proceder de Lilia Novillo, que había renunciado de igual modo el mes anterior.

La permanente injerencia de la gobernación en el Tribunal Supremo de Justicia no es algo novedoso.

Luego del escandaloso fallo de la “doble intendencia” de San Luis en 2004 y del trascendido de que los jueces “firmaban en blanco” su renuncia, el gobierno dispuso la realización de audiencias públicas que permitieron, quizá por primera vez, jueces aparente y relativamente independientes del poder gubernamental provincial.

Ello sucedió hasta la designación de Martha Raquel Corvalán. Hermana de una exministra de los hermanos Rodríguez Saá y de una funcionaria judicial involucrada en el escándalo de las renuncias en blanco.

Martha se hizo conocida en poco tiempo, encarnó las denuncias a los opositores políticos de la familia Rodríguez Saá como una íntegra y leal militante.

En el año 2019, el Senado prestó acuerdo al nombramiento de María Eugenia Zabala Chacur, hermana de la actual Jefa de Gabinete, para cubrir el cargo de Agente Fiscal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Los nombramientos de la mesa chica de “Albertito” incluyen a la familia Lavandeira liderada por Sebastián Lavandeira, secretario de San Luis Logística, su hermano Juan Lavandeira, actual ministro de Producción y al inexperto y criticado intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, quien es cuñado de los recién nombrados.

El cuarto poder no es ajeno a la influencia feudal, la hija del gobernador, María Luz Rodríguez Saá es la directora del Diario de la República, principal medio de comunicación en San Luis.

El poder provincial además cuenta con la total disposición de UPCN, gremio de los empleados estatales, cuya principal función es evitar cualquier sobresalto dentro de la planta de empleados provinciales y municipales, aun a sabiendas del real estado de empobrecimiento de los trabajadores locales.

El listado de funcionarios y funcionarias, que conforman los tres poderes, emparentados o enlazados mediante padrinazgos, es interminable.

Ello se presenta como rasgo del sistema de gobierno, que en nuestra provincia tiene el carácter feudal, donde no rige el papel de contralor y de la anhelada independencia entre poderes, sino que reinan las lealtades y favores políticos, el nepotismo y el despotismo de quienes se creen los Señores Feudales, gobernando gracias a la pleitesía de unas pocas familias serviles a ese poder, a cambio de status social, renombre o cargo.