LA EXCLUSIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN.

La semana pasada más de 700 beneficiarios/as del Plan de Inclusión Social fueron dados de baja por no haber cumplimentado con las actividades del Plan Saber, establecidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

El plan exigido consiste en la realización de capacitaciones virtuales de oficios las cuales otorgan un determinado puntaje. Cada beneficiario/a tiene como objetivo mensual la obtención de 4000 puntos.

Las personas que fueron “desafectadas” manifestaron que no pudieron cumplir con las tareas del Plan Saber porque no cuentan con los medios para llevarlas a cabo. A saber, no poseen celulares, carecen de conexión a internet, o incluso, son analfabetos/as.

Es para destacar el hecho de que la mayoría de las 700 personas despedidas son mujeres. Muchas de ellas son madres solteras responsables del sustento de sus hijos/as, otras han podido sobreponerse tras situaciones de violencia de género en sus propios hogares.

Como el hambre no espera, salieron a las calles movilizándose frente a las sedes del Ministerio de Desarrollo Social de la capital puntana y de Villa Mercedes, reclamando al ministro Federico Berardo y a Sebastián Riquelme, quien es Jefe de Área de la cartera responsable, ser reincorporados/as al Plan Inclusión y que les garanticen el bolsón de mercadería.

Tras las manifestaciones en su contra, el gobierno provincial dió una pronta pero acotada solución, definieron la reincorporación de 24 de los 700 beneficiarios/as.

Una fuente cercana nos informó que varias de las mujeres despedidas participaban en un grupo de Whatsapp, donde se planificaban las distintas manifestaciones, entre éstas, el #3J “Ni Una Menos”, al cual se sumaban con la finalidad de hacer de público conocimiento la situación que las atañe. Sin embargo, con el modus operandi tradicional del gobierno provincial de Rodríguez Saá, llegaron los aprietes. Para garantizar que esto no ocurriera, les prometieron que serían reincorporadas a la brevedad, pero con la única condición de que no participaran en las marchas.

Además de exponer las prácticas institucionales violentas hacia los/as trabajadores/as, es fundamental marcar el problema de fondo. Los/as beneficiarios/as perciben menos de un salario mínimo vital y móvil, las condiciones laborales son pésimas, y el tiempo de trabajo establecido por el Plan imposibilita que puedan salir a buscar un trabajo digno.

En la crisis económica que vivimos, profundizada por la pandemia por Covid-19, los/as trabajadores/as son los más afectados, y en este escenario, quienes trabajan en el Plan de Inclusión Social no son la excepción. Anhelan un trabajo decente, donde se respeten los derechos laborales, con un ambiente salubre que tenga acceso al agua y a sanitarios, algo tan apremiante en este contexto.

Romper con la estigmatización social que existe en torno a los/as beneficiarios/as de los planes sociales, también es nuestra función como comunicadores/as.

Los medios de comunicación oficialistas se han encargado de ocultar lo ocurrido con los/as trabajadores/as del Plan de Inclusión Social en nuestra provincia, sólo relataron las reincorporaciones como las “buenas nuevas”. Adolecen de una clara perspectiva de género, que les permita informar y comunicar, más allá de los intereses políticos que representan.

Garantizar igualdad de oportunidades para los/as ciudadanos/as de San Luis es incumbencia y responsabilidad de la actual gestión gubernamental provincial. Es hora de terminar con las extorsiones, las amenazas y la costumbre de jugar con las necesidades de la población, sobre todo, en un año electoral. Urgen medidas que generen genuinas fuentes de trabajo, que ayuden a combatir el hambre y la pobreza.