NADIE SE SUICIDA EN UNA COMISARÍA: La historia de un femicidio que trascendió a San Luis.

El 5 de abril del año pasado se convirtió en un día decisivo para el movimiento feminista y la comunidad de San Luis.

Esa mañana, amanecimos con la noticia de la muerte de Florencia Magalí Morales, una mujer de 39 años con dos hijos y una nieta a cargo, que salió a comprar víveres en pleno inicio de pandemia y fue detenida por la Policía de Santa Rosa del Conlara.

Apareció sin vida dentro de un calabozo de la Comisaría N°25, por un claro abandono del Estado.

A la semana siguiente comenzaron las investigaciones. Al inicio la justicia lo caratuló de “suicidio”, pero gracias a la lucha feminista desplegada en San Rosa de Conlara, en Villa Mercedes, en la capital puntana y también en otras zonas de la provincia, la investigación continuó con tres autopsias. Las dos últimas obtenidas por la exigencia de mujeres, disidencias y familiares de Florencia que solicitaban el urgente esclarecimiento del caso.

El 21 de agosto, Vanina Elizondo, médica perito de parte de la familia Morales declaró con respecto a la última autopsia: “Lo fundamental es el cuello, que fue la sorpresa. En el cuello faltaban los músculos esternocleidomastoideos (los del costado), que son los que se marcan cuando hay comprensión extrínseca, faltan carótidas, faltan paquetes vasculonerviosos. No desaparecieron por efecto de la putrefacción”.

Recordemos que tras la primera autopsia se caratuló la causa como suicidio ¿Recién en la tercera autopsia se dieron cuenta que faltaban músculos del cuello?

Ya en la segunda autopsia, Santiago Calderón Salomón, abogado por la familia Morales, declaró: “Durante una audiencia virtual, el forense realiza varias ampliaciones: reconoce errores técnicos de parte de él y manifiesta una omisión que no había informado y que son, nada más y nada menos, lesiones en la integridad física de Magalí Morales. Estas lesiones son hematomas en la muñeca y antebrazo izquierdos, y excoriaciones por debajo de las rodillas”.

Ni Ayelén Mazzina como titular de la Secretaria provincial de la Mujer, Diversidad e Igualdad, ni el gobernador Rodríguez Saá, se posicionaron a favor de la familia de Florencia Morales, aceptando implícitamente su desidia en los casos de violencia dirigidas a los/as puntanos/as, ejercidas por integrantes de las fuerzas del Estado.

A mediados de marzo del corriente año, José Francisco Pérez, Defensor de Pobres y Ausentes de la Tercera Circunscripción Judicial, que asiste a los policías involucrados en el caso de Florencia Magalí Morales, solicitó que se archive toda la causa. “Como si no existiera ningún delito prácticamente, ni siquiera la responsabilidad de los policías porque se haya muerto una persona en la comisaría”, expresó el letrado Salomón Calderón.

Entre marzo y junio del año 2020, 6.975 personas fueron detenidas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), en la provincia de San Luis. Se registraron muchas denuncias de la ciudadanía frente al abuso policial. Mientras el gobernador Alberto Rodríguez Saá declaró que Florencia Morales “fue a la comisaría y ahí pasó lo que pasó. No tenía que ver la pandemia.”.

Pero ¿realmente no tuvo que ver? ¿Acaso el abuso policial no fue en aumento durante el ASPO?

Es necesario visibilizar la política de persecución y la violencia institucional ordenada por el Estado provincial, que bajó las restricciones por la pandemia les sirvió de “excusa” para profundizar los abusos policiales.

Nuestra provincia parece signada por las incumplidas promesas gubernamentales de mejoras sociales, políticas y económicas; donde las causas de abusos, femicidios, violencia y asesinatos se guardan bajo la alfombra judicial, con el aval político de quienes gobiernan la provincia hace más de 30 años.

Más de dos mil mujeres y disidencias, aún con los condicionamientos que impuso la pandemia, se movilizaron durante el año pasado, contra el encierro generado por el Estado, pero también contra las medidas de gobierno, contra los abusos por parte de la Policía, denunciando públicamente como el Poder Judicial y la Secretaría provincial de la Mujer apartan la vista e incumplen con sus funciones.

El movimiento feminista se expresó en las calles, y también en las redes sociales. Por la causa de Florencia Morales se realizaron comunicados, generando la adhesión de reconocidas entidades como la CORREPI y de diversos actores del ámbito nacional, como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo y la cantante Sara Hebe.

A un año del femicidio de Florencia Magalí Morales, la causa tomó un carácter nacional. La repercusión del caso, puso el foco en los responsables políticos. Esos mismos responsables que faltan al cumplimiento de sus funciones, a expensas de sostener el poderío feudal y a costa de la vida de cualquier ciudadano/a puntano/a.