SECRETARÍA DE LA MUJER, DIVERSIDAD….¿E IGUALDAD?

Entre el 1º de enero al 29 de mayo de este año se contabilizaron 103 femicidios y al menos 4 transfemicidios.

Desde hace pocos años, los gobiernos provinciales incorporaron en sus gabinetes algún organismo (ministerio o secretaría) con foco en las mujeres y diversidades, propulsando la igualdad y la no-violencia, con el objetivo de que los mismos tomen “medidas” para gestar bienestar social y para construir una sociedad más justa y libre.

En la provincia de San Luis, la Secretaría de la Mujer existe desde 1986. En 2019 modificó su nombre, pasando a denominarse Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

Pero, ¿Qué ha pasado dentro de la publicitada Secretaría de la Mujer durante sus 35 años?.

En la actualidad, la Secretaría se dedica a la confección de proyectos, sin dar solución a las problemáticas cotidianas de las mujeres y disidencias.

A quienes sufren violencia, desde el organismo institucional provincial les entregan un botón antipánico, que sólo sirve -según las críticas de mujeres que lo han utilizado- para recibir una llamada de la policía. Una medida poco eficiente la entrega de este botón, frente a la desesperación que viven las víctimas y el miedo que tienen de irse de sus hogares porque no pueden pagar un alquiler. ¿Qué puede resolver una llamada de la policía, cuando lo primero que hace la persona violenta es incomunicarte, casi siempre, sacándote el celular?.

Pero la desidia de la Secretaría no concluye ahí. A las víctimas de violencia las contactan con una psicóloga de un centro de salud para que tengan un acompañamiento, sin embargo, la realidad es que los profesionales de la salud del sector público están saturados de trabajo y muchas veces no pueden dar turnos.

A las personas damnificadas les hacen ir hasta el lejano y monstruoso edificio de Terrazas del Portezuelo, para no atenderlas con la diligencia y la celeridad que requieren las situaciones de violencia.

Hace poco se filtró la información de que en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad establecen ciertos criterios para recibir a personas violentadas. Un claro ejemplo de esto es la exigencia de que las víctimas no tengan adicciones. Claramente la misión del organismo queda en un bonito discurso en su web, no concretan políticas públicas de contención, asistencia, acompañamiento y prevención.

Con la recientemente creada Procuraduría para Víctimas de Violencias de Género pretenden resolver las faltas e incumplimiento con las mujeres y LGTBIQ+. Paradójicamente, parece inexcusable la creación de una norma positiva que explicite las tareas del organismo institucional. Según una publicación de la Agencia de Noticias: ‘’Como parte de sus principales funciones, la Procuraduría para Víctimas de Violencias de Género podrá brindar asesoramiento legal y patrocinio gratuito a mujeres y personas LGBTQ+ que se encuentren en situación de violencia por motivos de género, pudiendo monitorear todos los procedimientos administrativos y/o judiciales, que surjan de cada caso. En este sentido, la figura de las procuradurías viene a salvaguardar los derechos de esas personas y poner en pie de igualdad a las víctimas en relación a su victimario’’. Pero… ¿no es este uno de los objetivos de trabajo prioritarios de la Secretaría? ¿Qué hace entonces?.

Aunque la Ley Micaela se promulgó hace más de dos años, al día de hoy, hay jueces y juezas que no han sido capacitades, los agentes policiales tienen graves falencias para abordar situaciones de violencia de género, y gran parte de las instituciones educativas de nuestra provincia carecen en sus currículas de una mirada preventiva frente a los abusos, porque no aplican un programa de ESI (Educación Sexual Integral).

La titular de la Secretaría provincial, Ayelén Mazzina, declaró sobre el Plan de Gestión Menstrual Sostenible (PGMS) "Yo Menstrúo", y del beneficio que es, para los sectores sociales vulnerables, el acceso a la copa menstrual de manera gratuita. Una buena política pública, propulsada desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que no responde -de manera específica- a una demanda provincial. Y aunque, quizá, el dinero destinado a comprar toallitas podría ser redirigido a comprar comida, continúa siendo insuficiente..

Las políticas de la Secretaría carecen de efectividad, actúan como parches, camuflando y ocultando la desigualdad que vivimos diariamente.

Otro ejemplo de “parche” es el Programa Proyectar Futuro, destinado a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersex y queer (LGBTIQ+), para que se capacite en computación, recursos humanos y emprendimientos. La secretaria Grisel Pollacchi dijo: “Creemos que es una oportunidad muy importante para ellos y que el día de mañana podrán desenvolverse en cualquiera de estas tres áreas”. Me pregunto, ¿cuándo será el día en que cualquier persona pueda decidir continuar sus estudios, insertándose en planes para concluirla, y no tener que explicar qué género, orientación sexual, color de piel, o nivel económico tiene cada une?

Los programas son necesarios, pero siguen siendo parches. El cambio debe ser profundo, las condiciones de igualdad deben ser garantizadas por el Estado pero con el desarrollo firme de tender a eliminar la desigualdad, no de poner parches.

Exigimos que se profundice en solucionar lo verdaderamente prioritario y no lo aparente. Si no hay luz, ni gas, ni agua potable en tu casa, si no tenés computadora y no hay comida en la heladera… ¿Rompe la desigualdad aprender a usar una computadora, tener una copa menstrual o un botón antipánico?.

El Estado debe tener como prioridad a la comunidad y su bienestar, y no aspirar a detentar y mantenerse eternamente poder. Debe transformarse en una herramienta real para el cambio de las condiciones económico-sociales, y eso… quedó claro, que no se hace con parches.

Pía Azurduy