Tierra para pocos, desigualdad para muchos

Sobre la tierra, su uso y tenencia existen dos opuestas miradas, que se han forjado a lo largo de la dialéctica histórica de nuestro país.

Por un lado, aquella donde su dinámica está regida por la especulación, orientada a la generación de rentas extraordinarias. Replicando el agronegocio de la ruralidad, en la lógica industrial inmobiliaria de los espacios urbanos.

En oposición a este proyecto, un modelo agrario federal, que en la actualidad presenta la arista del desarrollo sostenible, libre de agrotóxicos, orientado a la producción de alimentos, donde la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria son los ideales rectores de un accionar colectivo.

Frente a esta polarización, nos encontramos con una única realidad: las tierras están altamente concentradas en pocas manos. En nuestro país tan solo el 0,0025% de los argentinos son dueños del 40% del territorio nacional; o tan solo un 0,94% de la clase terrateniente maneja el 36% de las tierras productivas.

Bajo dicho escenario, las tierras y bienes inmuebles son cada vez más caros e inaccesibles para la mayor parte de la población que no puede garantizar su derecho de acceso a una vivienda digna.

Sin embargo, las respuestas tienen una doble vara según se trate de sectores populares o de sectores pudientes. Los institutos normativos y las estructuras estatales, pilares de nuestros sistemas republicanos y democráticos, favorecen ante similares situaciones, los intereses de las clases dominantes antes que los de sectores menos favorecidos.

En el último tiempo vimos en las noticias que la justicia ordenó el desalojo de los integrantes del Proyecto Artigas del campo en disputa entre los hermanos Etchevere, y la expulsión represiva a las familias en Guernica. Permanentes fallos de un sistema judicial que condenan el uso colectivo de la tierra o el aprovechamiento cooperativo de empresas vaciadas hasta la quiebra por capitalistas especuladores, como sucedió con el hotel B.A.U.E.N.

Pero no se ponen en tela de juicio:

- el predio en Constitución que ocupó Artear, hoy Grupo Clarín,

- los espacios mal adquiridos en Palermo por la Sociedad Rural Argentina,

- las 20 hectáreas que lindan con la costa y Ciudad Universitaria usurpada por el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), el Centro Naval y el Centro de Graduados del Liceo Naval,

- más de 70 hectáreas entrerrianas productivas de la Escuela Agrotécnica “El Quebrachito” ocupadas por la familia del ex ministro Etchevere,

- las 11 mil hectáreas que rodean el Lago Escondido compradas por Joe Lewis, que además de tratarse de una inconstitucionalidad, no cumple con un fallo que data de 2009 donde se obliga a abrir un camino hacia el Lago, pero que nunca se cumplió,

- el 18% de los Bosques de Palermo son ocupados ilegalmente por privados, entre ellos, el Golf Club,

- las 900 mil hectáreas sureñas reclamadas por el pueblo mapuche, las cuales fueron apropiadas ilegalmente por el Estado y concedidas de forma irregular a terratenientes extranjeros, para luego ser adquiridas por los Benetton,

- las cientos de hectáreas mal adquiridas y robadas a pequeños productores por el Grupo Vila en el departamento Ayacucho de la provincia de San Luis, alrededor de su estancia fortificada “Las Marías”, con la complicidad de las fuerzas policiales,

- las miles de hectáreas maliciosamente expropiadas a habitantes locales de varias generaciones, por el Estado provincial sanluiseño en los antiguos parajes Durazno y Durazno Alto, hoy conocido como Estancia Grande, otra vez con la Policía y la Justicia provinciales como socios-cómplices.

Solo por nombrar algunos casos.

La complicidad entre los poderes político y mediático, los especuladores de la industria inmobiliaria y las fuerzas policiales parecen ejercer de manera conjunta una justicia de clase.

Por un lado, una justicia benevolente e indulgente que pone en evidencia la perversidad del sistema, donde la connivencia de intereses de quienes más tienen, accionan en beneficio propio, sin importar a quienes perjudican.

Por otro lado, una vil justicia con la población en situación de vulnerabilidad y emergencia. Las ocupaciones de tierras y los desalojos ordenados judicialmente, denotan las falencias del Estado, incapaz de dar solución real a la problemática habitacional.

Frente a este sistema de doble vara, nos preguntamos: ¿quién no merece vivir dignamente?